SUMARIO: En el fallo precedente la CSJN por mayoría, señaló que los contratos solo producen efectos entre las partes, y que no pueden perjudicar ni beneficiar a terceros salvo en los casos previstos por ley. Por otro lado, entienden que la obligación del asegurador de reparar el daño tiene naturaleza meramente “contractual”, es decir tiene fundamento en el contrato de seguro. Siendo la finalidad del contrato, el indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado. La pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil. En disidencia votaron los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, quienes declararon inadmisible el recurso extraordinario deducido por la aseguradora citada en garantía (art. 280 CPCCN). El Juez Rosenkrantz por su parte, remarcó que el principio de reparación integral no es absoluto en tanto el legislador puede optar por distintos sistemas de reparación –inclusive la indemnización limitada o tasada-, siempre dentro del límite del art. 28 de la Constitución Nacional. Asimismo, señala la determinación acerca de cuál es el modo de satisfacer en mayor extensión la finalidad social del seguro es ajena a los jueces. Ello depende de consideraciones técnicas y de política legislativa, cuya evaluación incumbe al Poder Legislativo y al organismo responsable de supervisar el funcionamiento del mercado asegurador. Por último, entiende que poner en cabeza de la aseguradora la obligación de pagar más allá del límite de la póliza, con sustento en la supuesta desnaturalización de la función social del seguro, implica una violación de su derecho de propiedad. Ello, por cuanto la decisión avanza sobre los derechos que emergen del contrato sin justificación suficiente y, como consecuencia de ello, impone una obligación sin fuente legal.